El Senado de EE UU aprueba la ley para la reforma del sistema de inmigración
Antonio Caño /
Cristina F. Pereda
Washington
27 JUN 2013 - 23:17 CET
Los senadores John McCain (Izda.) y Charles Schumer se felicitan este jueves. / JIM LO SCALZO (EFE)
Estados Unidos ha dado un paso de gigante en su
confirmación como gran nación de emigrantes: el Senado aprobó este
jueves definitiva y contundentemente la reforma que permite la
legalización de más de 11 millones de indocumentados, lo que puede
conducir a una honda transformación con implicaciones económicas,
políticas, sociales y culturales. Aunque la votación de esta tarde está
todavía pendiente de su ratificación en la Cámara de Representantes, el
debate se desenvuelve en un contexto histórico que permite vaticinar su
éxito final.
El resultado final de la votación -68 contra 32-
supone un respaldo mucho mayor de lo que hubiera sido posible anticipar
hace solo unos meses y confirma el surgimiento de una sólida coalición
parlamentaria que podría ser suficiente como para vencer las
resistencias que esta ley, de alcance histórico, puede aún encontrar en
su camino hacia el Despacho Oval.
"El Senado de Estados Unidos ha servido hoy a los
ciudadanos, llevándonos un paso más cerca a la resolución definitiva del
sistema de inmigración", aseguró Obama en un comunicado adelantado por
la Casa Blanca. El presidente afirmó que el proyecto de ley "es un
compromiso" y que ninguna de las partes implicadas logró todo lo que
querían. "Ni los demócratas, ni los republicanos, ni yo. Pero la ley es
consistente con los principios de sentido común que, como tantos, he
defendido en tantas ocasiones".
Esta reforma migratoria ha sido, durante décadas, la
aspiración de millones de familias que viven en una dura clandestinidad,
sin acceso a la mayoría de los servicios sociales, sin perspectivas de
una vida estable, discriminados y marginados, cuando no perseguidos o
confundidos con delincuentes. Pero no solo eso. La reforma ha sido un
constante campo de batalla en el que los partidos políticos han
rivalizado por cada vez más atractivos intereses electorales. Por más de
30 años, los intentos de poner en orden un sistema migratorio a todas
luces quebrado se han estrellado con la oposición de quienes pretendían
conservar su escaño o su criterio estrecho sobre la nacionalidad o las
tradiciones norteamericanas.
Los inmigrantes indocumentados llevan muchos años
contribuyendo de forma determinante a la creación de riqueza en Estados
Unidos. Su aportación es vital en algunas áreas, como la de la
agricultura, la industria o el trabajo doméstico, y visible y creciente
en otras muy diversas, desde la tecnología hasta la educación.
Aunque la necesidad de reformar el sistema migratorio era
ya acuciante durante la anterior Administración, fueron las dos últimas
elecciones presidenciales, particularmente la de 2012, en las que Barack
Obama obtuvo el 71% de los votos latinos, las que acabaron de convencer
a los republicanos, los principales oponentes de la reforma, de que su
futuro como partido dependía de su actitud respecto a esta ley.
La reforma sale del Senado como muchas limitaciones. Plantea regularizar a los ‘sin papeles’ previo pago de una multa y de sus impuestos atrasados, duplica el número de agentes que protegen la frontera con México, invierte 30.000 millones de dólares en vigilancia
de los puntos de entrada al país, limita el acceso a la ciudadanía para
los indocumentados que residan en EE UU desde antes de diciembre de
2011, establece un plazo mínimo de 10 años para poder aspirar al
pasaporte norteamericano y obliga a demostrar conocimientos de inglés y
un historial limpio de antecedentes penales.
Como compensación, se crea un nuevo sistema de visados
temporales, se permite un acceso más rápido a la ciudadanía
norteamericana a los llamados ‘dreamers’ –estudiantes indocumentados- y
trabajadores agrícolas, se aumenta el número de visados para los
empleos en la ciencia y la tecnología y se imponen mayores controles
para evitar casos de abusos y explotación, ahora frecuentes, en las
empresas.
El éxito obtenido en el Senado -con el voto a favor de 14
republicanos- ha sido laboriosamente trabajado desde hace seis meses por
una coalición de legisladores demócratas y republicanos que, con el apoyo de Obama en la Casa Blanca,
han conseguido finalmente conformar una mayoría que ahora esperan
reproducir en la Cámara. El presidente emplazó a los legisladores a
"hacer lo mismo" que el Senado y advirtió de los obstáculos que puede
encontrar la reforma. "Este es el momento en el que sus oponentes
intentarán con más fuerza destruir esta iniciativa bipartidista de
manera que impidan que esta reforma se convierta en realidad", dijo
Obama. "No podemos dejar que eso pase".
El senador republicano John McCain, líder en las
negociaciones, instó a los representantes a estudiar el proyecto de ley
nada más ser aprobado. "Apelamos a su consideración y estamos dispuestos
a sentarnos y negociar con ustedes", afirmó.
El texto de esta reforma
ha recibido críticas, tanto de grupos de derechos humanos, que se
quejan de la militarización de la frontera, como de los sectores más
conservadores, que se temen la disolución del carácter y la esencia del
estilo de vida americano. Obama advirtió en su momento que, para poderse
llegar a un acuerdo, iba a ser preciso que todos hicieran renuncias.
Todos los implicados en el avance de la reforma lo han
reconocido. La Asociación por las Libertades Civiles (ACLU) felicitó
este jueves al Senado por su trabajo impulsando una ley "histórica" que
permitirá a millones de familias "obtener estatus legal para vivir,
trabajar y cuidar de sus familias sin miedo, en el país al que llaman
hogar".
El resultado ha sido, pues, una muestra de pragmatismo y un
raro ejemplo de colaboración entre los dos partidos políticos. El
pasado mes de enero, cuatro senadores republicanos y cuatro demócratas
crearon lo que se conoció como “Grupo de los Ocho” para negociar las
bases de la legislación. El trabajo de esta coalición bipartidista
refleja cómo los intereses de futuro de demócratas y republicanos
dependen en gran medida del apoyo de la comunidad hispana, el grupo de
población de mayor crecimiento en la última década y, seguramente, en la
próxima.
La realidad política coincide, además, con un contexto
económico que ha dejado en evidencia la dependencia de EE UU de
profesionales extranjeros y la necesidad de recuperar el liderazgo en
materia de innovación. Todo ello ha obligado a reconocer que la
inmigración sigue siendo la llave de la prosperidad futura de este país.
A la espera de las negociaciones que tengan lugar en la
Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen la mayoría, el
debate en el Senado se ha visto favorecido por la actuación de algunos
republicanos determinantes, como John McCain, que apoya la reforma desde
hace años, o de la figura emergente de la oposición, el senador de
origen cubano Marco Rubio, cuya carrera fue impulsada al inicio por el
Tea Party pero se ha convertido ahora en la bisagra entre los defensores
y los detractores de una ley cuya aprobación marcará el legado de Obama
tanto o más que la reforma sanitaria.
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