Argentina propone una quita a los acreedores que litigan desde hace 11 años
El Gobierno les ofrece lo mismo que a la gran mayoría de inversores que aceptó el canje de deuda en 2010
Alejandro Rebossio
Buenos Aires
30 MAR 2013 - 15:14 CET413
Argentina presentó este viernes ante un tribunal de apelaciones de
Nueva York, donde fueron emitidos dos tercios de la deuda impagada desde
2001, un plan de pagos a la minoría de acreedores de ese pasivo que rechazaron las quitas ofrecidas en 2005 y 2010. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
sostiene que no se puede privilegiar a ningún acreedor y por el
documento presentado por los abogados de Argentina sostiene que la nueva
oferta implica unos términos equiparables a los de los tenedores de
bonos que se adhirieron al canje de 2010.
Argentina declaró hace más de 11 años la mayor suspensión de pagos de la historia, por valor de unos 82.000 millones de dólares (unos 64.212 millones de euros). Desde 2002 comenzó a enfrentar demandas de los fondos buitres, con residencia en paraísos fiscales pero cuyos accionistas son inversores de origen estadounidense, que compran deuda de países y empresas cuando están cerca o dentro de una suspensión de pagos para después rechazar cualquier reestructuración y reclamar el 100% de lo adeudado en tribunales. También otros acreedores de mejor reputación han litigado contra Buenos Aires. En 2005, el Gobierno de Néstor Kirchner logró que el 76% de los bonos impagados fueran canjeados por otros títulos públicos que valían dos tercios menos que el valor original. La mayoría de los acreedores se convenció de que Argentina necesitaba desendeudarse para volver a crecer y abonar aunque sea parte de sus obligaciones. En 2010, Fernández reabrió aquel canje de deuda y la aceptación se elevó al 93%. Pero aún queda un 7% de deudas sin reestructurar, unos 11.000 millones de dólares (8.600 millones de euros), entre capital e intereses, y los tenedores de esa deuda persiguen a Argentina por todo el mundo.
Un grupo de los demandantes, encabezados por los fondos buitres EM y NML y acompañados por ahorradores argentinos, el mismo que logró el embargo de la fragata, logró en octubre pasado un fallo de un juez de primera instancia de Nueva York para que se bloquearan los pagos de la deuda regularizada del país sudamericano hasta que abonara de una sola vez unos 1.330 millones de dólares (1.037 millones de euros) que los litigantes exigen. Si los magistrados ratifican la decisión del juez, entonces puede que Argentina caiga en suspensión de pagos técnica o que se mantenga la situación sin cambios mientras apela al Tribunal Supremo de EE UU. La sentencia se puede llegar a conocer a finales de abril. Como el caso puede sentar un precedente perjudicial para los acreedores que acepten futuras reestructuraciones de otros países, como los europeos con problemas de deuda, el Gobierno de Barack Obama, pese a sus diferencias políticas con el de Fernández, la Reserva Federal de Nueva York y la exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Anne Krueger, han intervenido en el juicio a favor de Argentina y los bonistas que entraron a los canjes de títulos.
Los fondos buitres han logrado desde 2003 unos 29 embargos contra activos argentinos en el exterior, incluido el buque escuela de la Armada, pero de momento todas esas congelaciones judiciales han sido levantadas después de meses o años, según el caso. El fondo buitre NMLpertenece a Paul Singer, que aportó a la campaña del último candidato presidencial republicano, Mitt Romney, y que en su historia ha resistido reestructuraciones de deuda de Perú y Congo o la fusión entre Procter & Gamble y Wella. EM es de Kenneth Dart, que financiaba al Partido Demócrata hasta que el expresidente Bill Clinton rechazó su dinero. “Compra grandes cantidades de deuda pública de países del Tercer Mundo a 20 centavos de dólar y obliga a los gobiernos a pagar dólar por dólar”, dijo Clinton sobre Dart, que por motivos tributarios renunció a la nacionalidad norteamericana y adoptó la de Belice. El otro fondo importante es Aurelius Capital, de Mark Brodsky, que se distinguió por oponerse a la reestructuración de la compañía de inversión de Dubai en 2011 y por recibir el 100% de lo adeudado por Grecia después del canje de deuda de 2012. Entre las víctimas de estos fondos también estuvieron Liberia, Zambia y Ecuador.
Argentina les ofrece ahora pagar con unos bonos sin quita del capital de la deuda original, pero con vencimiento en 2038 y con un tipo de interés anual menor que el de los viejos títulos, de entre el 2,5% y el 5,25%. Esta propuesta está restringida a los acreedores minoristas, es decir, los que cuenten con una deuda inferior a los 50.000 dólares (39.000 euros). Buenos Aires propone para los demás, es decir, para los fondos buitres, unas letras con quita del 75% del capital, pero con vencimiento en 2033 y un interés anual del 8,28 %. También ofrece que los intereses impagados que se hayan acumulado desde 2003 hasta la fecha sean abonados en efectivo o títulos. El canje de deuda se reabrirá después de que el Congreso de Argentina, controlado por el kirchnerismo, apruebe la propuesta del Gobierno de Fernández.
Los litigantes rechazan estas formas de pago con quitas, pero ahora serán los magistrados los que decidan. Los jueces Rosemary Pooler (designada por el entonces presidente Clinton), Barrington Parker y Reena Raggi (ambos nombrados por George W. Bush) pueden aceptar la oferta, pedir modificaciones o rechazarla. Puede que soliciten antes la opinión de los demandantes.
Argentina declaró hace más de 11 años la mayor suspensión de pagos de la historia, por valor de unos 82.000 millones de dólares (unos 64.212 millones de euros). Desde 2002 comenzó a enfrentar demandas de los fondos buitres, con residencia en paraísos fiscales pero cuyos accionistas son inversores de origen estadounidense, que compran deuda de países y empresas cuando están cerca o dentro de una suspensión de pagos para después rechazar cualquier reestructuración y reclamar el 100% de lo adeudado en tribunales. También otros acreedores de mejor reputación han litigado contra Buenos Aires. En 2005, el Gobierno de Néstor Kirchner logró que el 76% de los bonos impagados fueran canjeados por otros títulos públicos que valían dos tercios menos que el valor original. La mayoría de los acreedores se convenció de que Argentina necesitaba desendeudarse para volver a crecer y abonar aunque sea parte de sus obligaciones. En 2010, Fernández reabrió aquel canje de deuda y la aceptación se elevó al 93%. Pero aún queda un 7% de deudas sin reestructurar, unos 11.000 millones de dólares (8.600 millones de euros), entre capital e intereses, y los tenedores de esa deuda persiguen a Argentina por todo el mundo.
Un grupo de los demandantes, encabezados por los fondos buitres EM y NML y acompañados por ahorradores argentinos, el mismo que logró el embargo de la fragata, logró en octubre pasado un fallo de un juez de primera instancia de Nueva York para que se bloquearan los pagos de la deuda regularizada del país sudamericano hasta que abonara de una sola vez unos 1.330 millones de dólares (1.037 millones de euros) que los litigantes exigen. Si los magistrados ratifican la decisión del juez, entonces puede que Argentina caiga en suspensión de pagos técnica o que se mantenga la situación sin cambios mientras apela al Tribunal Supremo de EE UU. La sentencia se puede llegar a conocer a finales de abril. Como el caso puede sentar un precedente perjudicial para los acreedores que acepten futuras reestructuraciones de otros países, como los europeos con problemas de deuda, el Gobierno de Barack Obama, pese a sus diferencias políticas con el de Fernández, la Reserva Federal de Nueva York y la exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Anne Krueger, han intervenido en el juicio a favor de Argentina y los bonistas que entraron a los canjes de títulos.
Los fondos buitres han logrado desde 2003 unos 29 embargos contra activos argentinos en el exterior, incluido el buque escuela de la Armada, pero de momento todas esas congelaciones judiciales han sido levantadas después de meses o años, según el caso. El fondo buitre NMLpertenece a Paul Singer, que aportó a la campaña del último candidato presidencial republicano, Mitt Romney, y que en su historia ha resistido reestructuraciones de deuda de Perú y Congo o la fusión entre Procter & Gamble y Wella. EM es de Kenneth Dart, que financiaba al Partido Demócrata hasta que el expresidente Bill Clinton rechazó su dinero. “Compra grandes cantidades de deuda pública de países del Tercer Mundo a 20 centavos de dólar y obliga a los gobiernos a pagar dólar por dólar”, dijo Clinton sobre Dart, que por motivos tributarios renunció a la nacionalidad norteamericana y adoptó la de Belice. El otro fondo importante es Aurelius Capital, de Mark Brodsky, que se distinguió por oponerse a la reestructuración de la compañía de inversión de Dubai en 2011 y por recibir el 100% de lo adeudado por Grecia después del canje de deuda de 2012. Entre las víctimas de estos fondos también estuvieron Liberia, Zambia y Ecuador.
Argentina les ofrece ahora pagar con unos bonos sin quita del capital de la deuda original, pero con vencimiento en 2038 y con un tipo de interés anual menor que el de los viejos títulos, de entre el 2,5% y el 5,25%. Esta propuesta está restringida a los acreedores minoristas, es decir, los que cuenten con una deuda inferior a los 50.000 dólares (39.000 euros). Buenos Aires propone para los demás, es decir, para los fondos buitres, unas letras con quita del 75% del capital, pero con vencimiento en 2033 y un interés anual del 8,28 %. También ofrece que los intereses impagados que se hayan acumulado desde 2003 hasta la fecha sean abonados en efectivo o títulos. El canje de deuda se reabrirá después de que el Congreso de Argentina, controlado por el kirchnerismo, apruebe la propuesta del Gobierno de Fernández.
Los litigantes rechazan estas formas de pago con quitas, pero ahora serán los magistrados los que decidan. Los jueces Rosemary Pooler (designada por el entonces presidente Clinton), Barrington Parker y Reena Raggi (ambos nombrados por George W. Bush) pueden aceptar la oferta, pedir modificaciones o rechazarla. Puede que soliciten antes la opinión de los demandantes.
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