El fútbol, al rescate
Las autoridades deben intervenir para poner
orden en la explotación televisiva de la Liga
Desde que el Gobierno de Aznar, primero, y el de Zapatero, después,
decidieran intervenir de forma abusiva en el mercado de los derechos
deportivos, tanto el modelo de la televisión como los clubes de fútbol,
la competición y los ciudadanos en general han experimentado toda clase
de disfunciones y padecimientos. La falta de una regulación ordenada;
los conflictos legales; la burbuja en torno a la Liga, que debe 752
millones a Hacienda y más de 3.000 en total; la situación concursal de
22 clubes; los procesos de fusión de las cadenas de televisión; la ruina
de los operadores autonómicos… son algunos ejemplos de las
consecuencias de la arbitrariedad de las políticas descritas.
Enarbolando espuriamente el pretendido interés general, los Gobiernos se
dedicaron a favorecer a sus amigos y perjudicar a sus oponentes. Si
hubo casos en los que pretextaban motivaciones ideológicas o
partidarias, en realidad nos encontrábamos ante una manifestación más de
la corrupción política.
El Gabinete de Mariano Rajoy ha adoptado una neutralidad muy de elogiar, confiando en que el mercado y los organismos reguladores resolvieran los contenciosos. Pero ni el mercado es transparente (a pesar de mover cientos de millones de euros) ni los órganos de regulación y supervisión han logrado imponerse frente a las prácticas execrables de algunos agentes. El resultado es que hoy, apenas dos semanas antes del comienzo de la Liga, esta se encuentra dividida, abandonada a su albur por la Federación y el Consejo Superior de Deportes (CSD), y ningún operador es capaz de anunciar cómo ni cuándo van a retransmitirse los partidos. Si no se resuelve el panorama, la amenaza de quiebra de todo el sistema es considerable. Por otra parte, la Comisión Europea ya ha abierto un expediente para averiguar si la benevolencia de Hacienda con el fútbol es una ayuda de Estado.
Es procedente que el Gobierno siga siendo neutral, pero ha llegado el momento de que, si la autorregulación no funciona, la autoridad intervenga. No para inclinar la balanza, sino para establecer reglas objetivas y rigurosas de obligado cumplimiento. La competencia, incluso descarnada, entre los optantes a los diversos derechos está justificada, y puede mejorar las condiciones económicas de los clubes. Lo que resulta inadmisible es la inseguridad jurídica del mercado, favorecida por la afasia del presidente del CSD, incapaz de poner orden. Es ridícula la autocomplacencia de la Federación por haber renunciado a 2,5 millones de subvención directa del Estado en medio de la ruina económica del país, mientras el fútbol sigue disfrutando del monopolio de las quinielas y las televisiones aportan más de 700 millones anuales a la Liga. Es absurdo pretender que lo sigan haciendo en el ambiente de hostilidad que la propia Federación permite al abandonar sus responsabilidades.
La inoperancia del presidente de la LFP ha permitido que abogados de fortuna se hayan convertido en interlocutores del poder político, mientras las resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia son permanentemente desafiadas. El último incidente ha sido el establecimiento por la Liga de unos horarios inconcebibles para las tres primeras jornadas, que persiguen perjudicar a los equipos que no se han sometido a las presiones de los caciques de turno. Si la Secretaría de Estado para el Deporte no es capaz de poner orden y vigilancia en este mercado y las retransmisiones no se pueden llevar a cabo de forma ordenada, los clubes no recibirán el dinero que necesitan y al que tienen derecho. El CSD no puede seguir mirando para otro lado. Hasta el momento ha renunciado a tomar decisiones, mientras el reparto del ingreso de los clubes resulta cada vez menos equitativo, en beneficio de los dos grandes. La estructura de la Liga ha sido secuestrada por intereses oscuros, en perjuicio de los equipos que no se someten a condiciones cuasi mafiosas. Al final, los usuarios y operadores permanecen boquiabiertos: 15 años después de que comenzara la primera guerra del fútbol ni siquiera en esto los Gobiernos han sabido poner orden. ¿También tendrá que venir Europa al rescate?
El Gabinete de Mariano Rajoy ha adoptado una neutralidad muy de elogiar, confiando en que el mercado y los organismos reguladores resolvieran los contenciosos. Pero ni el mercado es transparente (a pesar de mover cientos de millones de euros) ni los órganos de regulación y supervisión han logrado imponerse frente a las prácticas execrables de algunos agentes. El resultado es que hoy, apenas dos semanas antes del comienzo de la Liga, esta se encuentra dividida, abandonada a su albur por la Federación y el Consejo Superior de Deportes (CSD), y ningún operador es capaz de anunciar cómo ni cuándo van a retransmitirse los partidos. Si no se resuelve el panorama, la amenaza de quiebra de todo el sistema es considerable. Por otra parte, la Comisión Europea ya ha abierto un expediente para averiguar si la benevolencia de Hacienda con el fútbol es una ayuda de Estado.
Es procedente que el Gobierno siga siendo neutral, pero ha llegado el momento de que, si la autorregulación no funciona, la autoridad intervenga. No para inclinar la balanza, sino para establecer reglas objetivas y rigurosas de obligado cumplimiento. La competencia, incluso descarnada, entre los optantes a los diversos derechos está justificada, y puede mejorar las condiciones económicas de los clubes. Lo que resulta inadmisible es la inseguridad jurídica del mercado, favorecida por la afasia del presidente del CSD, incapaz de poner orden. Es ridícula la autocomplacencia de la Federación por haber renunciado a 2,5 millones de subvención directa del Estado en medio de la ruina económica del país, mientras el fútbol sigue disfrutando del monopolio de las quinielas y las televisiones aportan más de 700 millones anuales a la Liga. Es absurdo pretender que lo sigan haciendo en el ambiente de hostilidad que la propia Federación permite al abandonar sus responsabilidades.
La inoperancia del presidente de la LFP ha permitido que abogados de fortuna se hayan convertido en interlocutores del poder político, mientras las resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia son permanentemente desafiadas. El último incidente ha sido el establecimiento por la Liga de unos horarios inconcebibles para las tres primeras jornadas, que persiguen perjudicar a los equipos que no se han sometido a las presiones de los caciques de turno. Si la Secretaría de Estado para el Deporte no es capaz de poner orden y vigilancia en este mercado y las retransmisiones no se pueden llevar a cabo de forma ordenada, los clubes no recibirán el dinero que necesitan y al que tienen derecho. El CSD no puede seguir mirando para otro lado. Hasta el momento ha renunciado a tomar decisiones, mientras el reparto del ingreso de los clubes resulta cada vez menos equitativo, en beneficio de los dos grandes. La estructura de la Liga ha sido secuestrada por intereses oscuros, en perjuicio de los equipos que no se someten a condiciones cuasi mafiosas. Al final, los usuarios y operadores permanecen boquiabiertos: 15 años después de que comenzara la primera guerra del fútbol ni siquiera en esto los Gobiernos han sabido poner orden. ¿También tendrá que venir Europa al rescate?
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