Correa acoge a Assange
La saga judicial del líder de Wikileaks requiere una salida diplomática y dentro de la legalidad
La saga judicial de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, se
agravó ayer con la decisión de Ecuador de otorgarle “asilo diplomático”
en su Embajada en Londres, y la previa amenaza del Gobierno británico de
sacarle por la fuerza en virtud de la legislación local, una acción
extrema de difícil encaje en el derecho internacional para un caso como
este. Pese a todo, y en medio del enredo judicial y diplomático,
conviene recordar que, pese a alguna de las afirmaciones del Gobierno
ecuatoriano, el país que reclama al activista australiano no es una
dictadura, sino Suecia, y el motivo no se refiere a la libertad de
expresión o a la filtración de documentos secretos de EE UU, sino a una
investigación por supuestas agresiones sexuales.
Los fundamentos de esta causa son confusos y todavía no hay formulado cargo alguno contra Assange, pero es la justicia sueca la que ha de resolver. Suecia es una democracia y uno de los países que más ha hecho por impulsar los valores del Estado de derecho y la protección de las mujeres, por lo que no cabe poner en duda sus intenciones. Pero Assange y sus defensores mantienen que de Suecia sería extraditado a EE UU como represalia por la publicación de los documentos del Departamento de Estado, entre otras informaciones. Asistimos, por tanto, a un nuevo episodio en la estrategia de defensa de Assange. Tiene todo el derecho a ello.
Sin embargo, en un claro desafío a Reino Unido y a EE UU, el Gobierno de Rafael Correa ha acordado mantener a Assange en su Embajada en Londres bajo “asilo diplomático”. Es una fórmula que se aplica en países latinoamericanos y que Londres no reconoce, razón por la que se niega a dejar que el líder de Wikileaks abandone el país. El Gobierno ecuatoriano dice actuar en nombre de la defensa de una libertad de expresión que el propio Correa —entrevistado en televisión por el antiguo hacker australiano— maneja no siempre con las debidas garantías en su país.
El caso Assange parece abocado a un callejón sin salida que ha abierto una grave crisis diplomática entre Quito y Londres. Es, por tanto, fundamental preservar el derecho internacional y el derecho a la defensa del acusado. Sería un grave error que la policía británica allanara la Embajada ecuatoriana. En su amenaza de suspender la inviolabilidad de una sede diplomática, Londres ha esgrimido una ley que aprobó en 1987 a raíz de un caso extremo: la muerte de un policía en Londres por disparos desde la Embajada libia. Sin embargo, esa legislación, aunque requiere la tutela de un juez, vulnera la Convención de Viena de 1961. De momento, Assange tendrá que limitar su vida a la Embajada ecuatoriana en Londres. Si pone un pie fuera será detenido. Una situación mucho más confortable que la de Bradley Manning, que fue quien filtró a Wikileaks mucha información sensible. Pendiente de juicio, el soldado está aislado en una prisión de Virginia. Sobre su suerte también debe centrarse la atención mundial.
Los fundamentos de esta causa son confusos y todavía no hay formulado cargo alguno contra Assange, pero es la justicia sueca la que ha de resolver. Suecia es una democracia y uno de los países que más ha hecho por impulsar los valores del Estado de derecho y la protección de las mujeres, por lo que no cabe poner en duda sus intenciones. Pero Assange y sus defensores mantienen que de Suecia sería extraditado a EE UU como represalia por la publicación de los documentos del Departamento de Estado, entre otras informaciones. Asistimos, por tanto, a un nuevo episodio en la estrategia de defensa de Assange. Tiene todo el derecho a ello.
Sin embargo, en un claro desafío a Reino Unido y a EE UU, el Gobierno de Rafael Correa ha acordado mantener a Assange en su Embajada en Londres bajo “asilo diplomático”. Es una fórmula que se aplica en países latinoamericanos y que Londres no reconoce, razón por la que se niega a dejar que el líder de Wikileaks abandone el país. El Gobierno ecuatoriano dice actuar en nombre de la defensa de una libertad de expresión que el propio Correa —entrevistado en televisión por el antiguo hacker australiano— maneja no siempre con las debidas garantías en su país.
El caso Assange parece abocado a un callejón sin salida que ha abierto una grave crisis diplomática entre Quito y Londres. Es, por tanto, fundamental preservar el derecho internacional y el derecho a la defensa del acusado. Sería un grave error que la policía británica allanara la Embajada ecuatoriana. En su amenaza de suspender la inviolabilidad de una sede diplomática, Londres ha esgrimido una ley que aprobó en 1987 a raíz de un caso extremo: la muerte de un policía en Londres por disparos desde la Embajada libia. Sin embargo, esa legislación, aunque requiere la tutela de un juez, vulnera la Convención de Viena de 1961. De momento, Assange tendrá que limitar su vida a la Embajada ecuatoriana en Londres. Si pone un pie fuera será detenido. Una situación mucho más confortable que la de Bradley Manning, que fue quien filtró a Wikileaks mucha información sensible. Pendiente de juicio, el soldado está aislado en una prisión de Virginia. Sobre su suerte también debe centrarse la atención mundial.
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